La reciente aprobación el pasado 14 de abril del Real Decreto 316/2026 que habilita el proceso de regularización de millones de inmigrantes, que (supuestamente) viven y trabajan en nuestro país desde hace años de manera ilegal, no solo supondrá un notable cambio en términos sociales a corto y medio plazo. También, muy probablemente, la estocada final a un sistema colapsado, fruto de los desmanes de unos y otros, y al que le será imposible absorber a tal cantidad de nuevos integrantes.
Regularización masiva sin un protocolo claro
El pasado 30 de junio concluía el proceso de regularización extraordinario aprobado vía decretazo por el “gobierno de progreso” del PSOE y sus socios. Según fuentes oficiales, se han recibido finalmente un total de 1.174.978 solicitudes, cifra que por la punta podría traducirse en cerca de 5 millones de nuevos residentes en territorio español. El motivo no es otro que a posibilidad de solicitar la reagrupación familiar por parte de aquellos que inicialmente llevaron a cabo el citado trámite.
Según han explicado desde altas instancias de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, este proceso de regularización masiva de inmigrantes “es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro”. Además, avisan de que el sistema podría colapsar: “La cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español”.
Una cita médica como síntoma de un sistema enfermo
Las cifras, el contexto y la finalidad de la regularización masiva de inmigrantes en España están más o menos claras a ojos de casi cualquiera que analice y entienda la situación política actual, y conozca a los protagonistas de la misma. Sin embargo, las consecuencias directas para el grueso de los ciudadanos españoles, están aún por medirse de manera concreta a corto y medio plazo.
Una conclusión a la que un servidor llegaba la otra mañana, al intentar solicitar una cita médica en el consultorio local de un pueblo de apenas 8.000 habitantes, y en el que en la última década la llegada de inmigrantes ha sido un chorreo continuo. El tiempo medio de espera para ser atendido es de una semana aproximadamente. Si por un casual precisas que te vean de urgencia, es muy probable que termines sentado durante unas cuantas horas en el “cómodo asiento” de la sala de espera del hospital.
Por todo ello, deberíamos de asumir cuanto antes que no pasará mucho tiempo hasta que una atención sanitaria eficiente, se convierta en un lujo al alcance de solo aquellos que gocen de los recursos económicos necesarios para tal fin. Entre los principales motivos de terminar ante un panorama así, dejando a un lado el ya conocido deficiente funcionamiento de “lo público” en nuestro país, será el momento exacto en el que los futuros millones de extranjeros que finalmente serán regularizados empiecen a ser beneficiarios del sistema.
Muy posiblemente este termine por colapsar definitivamente, dejando sin servicio a aquellos que desde hace décadas contribuyen en su sostenimiento económico. De hecho, en los últimos años, millones de españoles han optado directamente por pagar una póliza privada de salud, considerando esta opción como la única forma de medio garantizarse que, en caso de necesitarlo, sean atendidos por un equipo profesional de sanitarios cualificados.
Porque esa es otra, como aquellos médicos y especialistas formados en España en las últimas décadas, están emigrando a otros países europeos donde sus condiciones económicas y laborales son bastante más beneficiosas que las que les ofrece nuestro sistema de salud. A cambio son cada vez más habituales, en consultas y hospitales, aquellos profesionales de origen generalmente latinoamericano y de cualificación dudosa ante el criterio de selección aplicado por la propia administración.
De hecho, muchos de ellos deben homologar sus títulos universitarios para poder ejercer de manera profesional en buena parte de Europa, un proceso que no es ni barato ni sencillo. La mayoría, aunque posean alguna especialidad en concreto, terminan como médico de familia en algún centro de salud en el entorno rural, fruto de farragosos trámites burocráticos a los que los propios interesados se deben enfrentar.
Administraciones desbordadas a todos los niveles
La sanidad es solo uno de los ámbitos donde la regularización masiva de inmigrantes supondrá un claro efecto negativo en términos de eficiencia. El resto de administraciones públicas, a día de hoy, ya sufren retrasos como consecuencia de una gestión cuanto menos cuestionable. Esto se traduce en una atención insuficiente, haciendo que cualquier simple trámite se convierta en una verdadera tortura para el ciudadano de a pie.
Dicho esto podemos hacernos una idea de cómo será esa misma atención, en apenas unos años, cuando se sumen al sistema los millones de nuevos integrantes a los que finalmente se les haya concedido la regularización de manera definitiva. En este contexto quizás vaya siendo hora de replantearse el funcionamiento de aquellas administraciones públicas amparadas por el Estado. Un sistema que en las últimas décadas ha dejado de manifiesto estar abocado al mayor de los fracasos.
Mientras a una parte de la ciudadanía se le saquea económicamente vía impuestos, para financiar un modelo de estado fallido (sí ya podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos), son precisamente estos últimos los que continuamente se ven expuestos a una peor atención por parte de aquellos a los que obligatoriamente financian. En el otro extremos tenemos a una masa gris cada vez mayor que ha aceptado la situación como buena, creyendo, posiblemente, que el dinero con el que se costean los servicios de los que disfrutan crece en los árboles.
La regularización masiva de inmigrantes solo agravará esta tendencia, al incluir en el sistema a millones de personas en su mayoría sin un plan de vida ni forma viable de ser autosuficientes. “Protegidos” por lo que algunos denominan el escudo social, están llamados a convertirse en parte de un problema estructural que nadie está dispuesto a arreglar. Mucho menos si el seguir aferrado al sillón del gobierno le va en ello. Algo, por otro lado, a lo que estamos completamente acostumbrados, para nuestra desgracia, como consecuencia del nihilismo generalizado en el que andamos instaurados.