No es la primera vez que me percato y mucho me temo, para desgracia de los intereses más elementales de todos nosotros, que no será la última. Me refiero a descubrir como lo que hasta no hace mucho era un bancal de cultivo, de repente se ha convertido en uno de esos parques solares tan de moda en nuestros días. Un hecho que para nada es aislado y que, desde hace unos años, se ha convertido en una peligrosa tónica general en buena parte de nuestro territorio.
Las razones de esta tendencia son variopintas y de diferente importancia, aunque todas ellas correlacionadas con la misma ideología: La agenda 2030. Un compendio de planeadas sinergias establecidas desde las altas instancias que no solo están perjudicando al sector agrario español, sino que directamente está socavando la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
Más de uno pensará que cada uno con lo suyo, en este caso con sus tierras, puede y debe de poder hacer lo que quiera. Pero es aquí donde reside el kit de la cuestión, tal y como apuntan desde diversas organizaciones del sector que, de un tiempo a esta parte, se han puesto manos a la obra intentando frenar este despropósito. Fundamentalmente, porque buena parte de esos agricultores han sido directamente expropiados por el Estado, según este último, “con la finalidad de alcanzar un bien común”.
Uno de los casos más escandalosos a este respecto es el que se está produciendo en Andalucía, especialmente en la provincia de Jaén, donde está previsto talar más de 100.000 olivos, algunos de ellos centenarios, para posteriormente reconvertir estos terrenos en parques solares. Previa expropiación, y siguiendo la llamada “Política de transición energética”, el actual gobierno regional andaluz del PP, liderado por Juanma Moreno, ha hecho oídos sordos a la petición que desde la plataforma S.O.S. Rural le insta a que “decrete la paralización inmediata de las talas de olivos”.
Casi 135.000 personas han apoyado y firmado esta iniciativa que a su vez ha promovido una “macrocausa judicial a nivel nacional” contra estas políticas en favor de los parques solares y amparadas por el bipartidismo estatal. Sin embargo, este no es el único caso que en la actualidad está relacionado con este tema, ya que en España la superficie ocupada por huertos solares se ha incrementado en un 166, % desde 2016.
Según el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el informe titulado “Extensión de los parques fotovoltaicos en España”, se señala que este tipo de instalaciones energéticas ocupan en España, actualmente, una superficie equivalente al 0,2 % de la superficie agraria útil, lo que equivale a unas 50.000 hectáreas, siendo Castilla-La Mancha y Extremadura las que más espacio cultivable han destinado a esta actividad.
En el mismo documento, no deja lugar a dudas de las intenciones del gobierno sobre los parques solares, dejando claro que: “No obstante, si finalmente se ejecutan la totalidad de los proyectos evaluados de grandes instalaciones fotovoltaicas (superiores a 50 megavatios), la superficie podría alcanzar en los próximos años las 100.000 hectáreas.”
¿Quién está detrás de los parques solares?
Dicen por ahí que para conocer la verdad y el porqué de las cosas, lo más sencillo y eficiente es “seguir el rastro del dinero”. Como no podía ser de otra manera detrás de la implementación de este tipo de instalaciones hay un negocio milmillonario bajo el que se amparan más de medio centenar de grupos empresariales de renombre como Iberdrola o Enel, TotalEnergies, BP, la petrolera portuguesa Galp o la española Greenalia, encargada de la construcción y posterior explotación de las 7 plantas solares que actualmente se están construyendo o están proyectadas en la citada provincia de Jaén.
Todas ellas regadas por fondos europeos con los que posteriormente acometen este tipo de proyectos u otros de diferente índole en pro de la biodiversidad, la ecología y todos esos falsos dogmas con los que unos pocos se lucran a costa de la inmensa mayoría de nosotros. Curiosamente, esas cuantías las terminan pagando, vía impuestos, los mismos a los que finalmente les expropian los terrenos.
Pero si esto de la expropiación a los agricultores, por el motivo que sea, no llega a buen puerto, siempre queda el comodín, como ya es costumbre en nuestro país, que, de vez en cuando, ardan miles de hectáreas de monte que posteriormente terminan usándose para la instalación de aerogeneradores. Ya saben, todo sea por la citada biodiversidad, ecología, el bien común y demás eslóganes publicitarios con los que ensalzar las bondades ficticias de la conocida religión del cambio climático y el lucrativo negocio que hay tras ella.
Por último, en este entramado ideológico, político y empresarial tenemos una última variable de importancia que forma parte de un plan mayor ideado desde las altas instancias europeas: Cargarse la agricultura española. Del mismo modo que hicieron en su momento con el sector metalúrgico, empresarial y pesquero de nuestro país, tras la entrada de este en 1986 en la denominada Comunidad Económica Europea (CEE) de la mano de los socialistas, ahora buscan acabar con las explotaciones ganaderas y agrícolas españolas liquidando así cualquier resquicio de soberanía económica de nuestra nación.
De esta forma, se logran dos cosas principalmente: Tener a España bajo un total control y a las órdenes de los designios de grandes potencias como EE. UU., Alemania o Francia y, por otro lado, satisfacer las exigencias de terceros países en los que estas albergan fuertes intereses de diferente tipología y magnitud. Hablamos, por supuesto, de las principales naciones que conforman el norte de Africa, con Marruecos a la cabeza.
Es hasta allí donde grandes corporaciones alimentarias están trasladando sus cultivos, dejando en la estacada a buena parte de los agricultores españoles, que se ven estrangulados por la burocracia europea y las exigencias de esta en materia medioambiental. Además de contar con una mano de obra infinitamente más barata y un suelo para cultivar a precio de derribo, los gobiernos locales ofrecen medidas legislativas a medida para fomentar las actividades empresariales extranjeras dentro de sus fronteras.
Como puntilla a todo este asunto tenemos el hecho de que mientras el agricultor español debe cumplir a rajatabla las medidas impuestas desde Bruselas, por tecnócratas que nadie ha elegido, esas mismas siniestras regulaciones no son aplicables a los productos agrícolas procedentes de Marruecos. Un contrasentido del que se aprovechan en favor de sus intereses comerciales compañías del sector alimenticio como Ebro Foods, Grupo Borges o Juver, entre otros.
Clemente González-Soler, fundador y presidente del grupo Alibérico y copresidente junto a Adil Rail del Consejo Económico Marruecos-España (Cemaes) resumía recientemente de manera certera la situación actual: “mientras que China produce y Estados Unidos innova, Europa se dedica a regular. Lo más grave de todo es que Bruselas es consciente de ello y no pretende poner remedio.” Evidentemente no, ya que el destino de varios sectores de nuestro país, principalmente el agropecuario, hace tiempo que tiene los días contados, por otro lado, como casi todo aquello que forma parte de la decadente sociedad en la que andamos instaurados.