Discurrimos por tiempos convulsos en eso que denominamos primer mundo, aunque por momentos pareciera que estuviéramos retrocediendo a los tiempos de “María Castaña”, si nos dejamos guiar por los hechos y vivencias a las que buena parte de la población estamos sometidos un día sí y otro también. Esto también incluye la merma en los derechos de las libertades individuales de cada uno de nosotros y como la simple práctica de expresar nuestra opinión personal, incluso bajo hechos probados, te puede llevar literalmente a la cárcel o a perderlo todo.
Así está el patio, o mejor dicho “el cortijo” que algunos se han montado, para desgracia de todos aquellos a los que nos gusta hablar claro y que de igual forma quien interactúe con nosotros lo haga sin medias tintas. Una situación dantesca que se ha convertido casi en una total normalidad en contra de una parte de la ciudadanía que se ve sistemáticamente sometida a una persecución mediática, política y judicial de primer orden.
Este es el caso de Begoña Gerpe, youtuber y abogada de profesión, que literalmente ha tenido que coger la maleta y huir de España después de ser acusada de delito de odio tras la publicación de un video en su propio canal de YouTube. Uno siente una mezcla de pena y pavor, a partes iguales, al escucharla dar explicaciones sobre la experiencia que lleva viviendo desde hace varios años como consecuencia de esta situación y que ahora ha decidido exponer públicamente tras cambiar su residencia habitual de España a Andorra.
El caso de Begoña es uno de tantos protagonizados por personas de bien que han terminado por tirar la toalla en esa lucha constante contra el estado y todos los brazos que lo conforman: político, social, judicial, económico, informativo, etc. Es muy difícil, casi imposible, ganarle la batalla a un monstruo de este calibre. Entre otras cosas, porque cuentan con dos recursos esenciales de los que no disponemos ni usted ni yo: el monopolio de la fuerza y financiación ilimitada para poder acabar con quien se propongan, cuando se les antoje.
Sobre esto último emplean a miles de asociaciones del estilo a las que se querellaron en su momento contra la propia Gerpe (asociaciones de gitanas feministas), regadas con subvenciones que pagan, entre otros, la propia afectada en este asunto y por supuesto el grueso de la ciudadanía que, lejos de vivir del dinero público, tienen que buscarse las habichuelas a diario para poder subsistir dignamente así como liquidar religiosamente la larga lista de impuestos a las que se ven sometidos.
Todo este despropósito forma parte de ese plan ideado por nuestros burócratas europeos donde, según alegan ellos mismos, buscan erradicar la desinformación y el odio propagado por una serie de “personajes virtuales” en forma de aficionados al periodismo (como un servidor), divulgadores independientes, youtubers, etc. Sin embargo, la realidad es bien diferente a como la pintan, por otro lado, algo habitual en los últimos tiempos cuando hablamos de los políticos europeos, sus argumentos y posterior toma de decisiones.
El verdadero objetivo de estas artimañas es aniquilar mediáticamente a todos aquellos que, en pleno derecho de ejercer su libertad de expresión, han decidido ir a contracorriente del discurso oficial. Además, demostrando por activa y por pasiva como el régimen político que impera, nos miente en la cara de manera reiterada, empleando para ello todos aquellos instrumentos antes mencionados que tan buen resultado les suele terminar dando en estos casos.
Por ejemplo, generar miedo en la sociedad, señalando directamente a los que ellos ya han sentenciado previamente como culpables de lo que les convenga en cada momento. De esta forma pasamos a la segunda parte del plan, crear un problema que no existe, para posteriormente hacerse valedores de la solución que nadie les ha pedido. Por el camino se encargan de mantener bien engrasada a la maquinaria del fango con la que expanden su discurso (medios de comunicación, asociaciones de todo tipo, lobbies empresariales, etc.), a base de las ya citadas subvenciones, rescates económicos, contratos millonarios, o desvío de fondos públicos según lo precise el momento y la situación.
Esta tendencia no es exclusiva de nuestra querida España. En países como Reino Unido ya se detienen a personas que en algún momento decidieron expresar su opinión, de manera pública, sobre problemas que actualmente están destruyendo los pilares esenciales que hasta ahora sustentaban las bases sociales y económicas de U.K., al punto de condenar a 31 meses de prisión a una ciudadana inglesa por publicar en su cuenta personal de X mensajes tales como “deportación masiva ahora” y “quemar los hoteles de asilo” tras los dantescos asesinatos de Southport.
Entonces tres niñas murieron y otras 10 personas resultaron heridas a manos de Axel Rudakubana, un ruandés de 17 años con nacionalidad británica. De nada le sirvió a la condenada, Lucy Connolly, eliminar la publicación y pedir disculpas públicas unas horas después del calentón. El juez encargado de instruir el caso, Melbourne Inman KC alegó que con esta sentencia se pretende “castigar y disuadir” a otros de adoptar la conducta de la señora Connolly.
Mientras tanto, jueces como el susodicho, cuerpos policiales británicos y políticos de todos los sectores han estado ocultando durante años la violación de más de 1.400 menores a manos de bandas pakistanís en diferentes partes del país. Esto confirmaría, una vez más, ante la distópica situación a la que las personas de bien se ven abocadas. Mientras criminales confesos delinquen a sus anchas, se pone el foco de atención sobre aquellos que denuncian precisamente las barbaridades de este tipo.
Estas políticas, si es que podemos llamarles así, son fruto del desconcierto general en el que nos encontramos inmersos en la actualidad. También el resultado de que gente de la catadura moral de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Gabriel Rufián, por ejemplo, estén o hayan estado al frente de nuestras instituciones públicas. Sobre este último un apunte final: Declaraba, tras la DANA acaecida principalmente en Valencia el pasado mes de octubre de 2024, sobre la tribuna del hemiciclo, que había que multar a aquellos creadores de contenido digital con sanciones económicas de “100.000, 150.000, 200.000, 250.000 € por cada mentira.”
Indudablemente, se refería a los que, en aquellos días, rebatían el discurso oficial sobre todo lo acontecido hasta ese momento, incluyendo las cifras de fallecidos y por supuesto sacando a la luz las negligencias políticas cometidas tanto por los de un bando, como por los del otro, aunque al final “rojos y azules” terminen cubriéndose las espaldas mutuamente y seis meses después de aquello nadie haya asumido ninguna responsabilidad política tras la catastrófica gestión antes, durante y después del suceso.
A estas alturas de la película, cualquier persona con un mínimo de consciencia sobre lo que la rodea, debería de haberse percatado ya de que la “policía de la verdad” busca instaurar un nuevo régimen donde nadie pueda alzar la voz. Es por ello que muchos de esos llamados youtubers, hayan decidido poner tierra de por medio con su querida patria, a lo que se le suma las ventajas fiscales que otros países puedan ofrecerles, convirtiéndose también en un factor determinante, probablemente, una vez dado el paso.
Porque que nadie se equivoque: España sigue siendo el mejor país del mundo para vivir, aunque una élite bien organizada intente recrear un ambiente social, político y económico irrespirable. Ante este escenario solo nos queda una posibilidad de supervivencia moral, la de posicionarnos totalmente de frente ante este recorte de libertades y represión institucional. De lo contrario, Begoña Gerpe y los que han decidido salir por patas de aquí, solo serán una gota en el océano de lo que, a buen seguro, está por llegar en lo sucesivo.