Una vez más, y probablemente no será la última, de la mano de Juana Rivas, su entorno más cercano y la caverna mediática de nuestro país, se ha vuelto a poner de manifiesto como el feminismo actual no es más que una cruenta herramienta ideológica con la que, entre otras cosas, intentar doblegar la separación de poderes buscando además sacar el máximo rédito político posible por parte de los hacedores de la misma. Da igual que en el camino, muy probablemente, estén destrozando la vida de un menor para siempre exponiéndolo emocional y psicológicamente a tal despropósito.
Y es que han pasado ya ocho años desde que Juana Rivas saltara a la palestra de la actualidad tras marcharse de Italia con sus dos hijos sin que el padre de ambos y exmarido de esta, Francesco Arcuri, diera su consentimiento para ello. Entonces se iniciaba una guerra abierta entre los progenitores por la custodia de los menores, con reiteradas denuncias por parte de Rivas, asesorada previamente por el Centro de la Mujer de Maracena.
Tal y como argumentaba en su momento la defensa de Arcuri, y posteriormente se ratificaría en la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada en julio de 2018, en la que Rivas era condenada a cinco años de prisión y seis de inhabilitación de la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores, la única intención de estas denuncias falsas era la de “obtener la Renta Activa de Inserción para mujeres maltratadas y así poder asentarse en España.”
Asi funciona esto; La mujer denuncia al marido por malos tratos, aunque este jamás la haya agredido física o psicológicamente, y los chiringuitos financiados por el Ministerio de Igualdad se encargan de subsidiar a “la víctima”. Da igual las consecuencias durante y posteriores de este tipo de acciones, lo importante es engordar las cifras relacionadas con el maltrato por parte de un hombre a una mujer, logrando así hacerse con cientos de millones de euros de las partidas presupuestarias para sufragar el negocio que tienen montado en torno al feminismo.
En cuanto a la sentencia, esta dejaba bien claro como Rivas había mentido reiteradamente sobre los supuestos maltratos, tanto hacia su persona como la de sus hijos. Por el camino se desestimaron además las denuncias por maltrato presentadas por esta en 2009 y 2016 contra su ahora exmarido. Sin embargo, tres años después de ser condenada, el Tribunal Supremo reducía la pena de Rivas a dos años y medio de prisión, tras considerar una sola sustracción y no dos, como se había determinado inicialmente.
Posteriormente, Rivas ingresaría en el Centro de Inserción Social Matilde de Cantos, movimiento que sería crucial para que finalmente en noviembre de 2021 se le concediera un indulto por parte del mismo gobierno que la había utilizado políticamente durante todo el proceso. Aun así, se mantuvo la inhabilitación para la custodia, mientras que en Italia, el Tribunal de Cagliari se la otorgaba de manera definitiva al padre de los menores.
Entre otras cosas porque Rivas, tal y como se detallaba entonces en el informe pericial de la primera sentencia, obra de la psicóloga italiana Ludovica Lesu, mostraba “una gran capacidad manipuladora sobre sus hijos, y un grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento.” Asi mismo, Lesu, determinaba de manera tajante que Rivas no era “capaz de procesar sus experiencias”, siendo “totalmente inconsciente del daño psicológico generado a sus hijos, de 4 y 12 años, al apartarlos de su padre entre 2016 y 2017.”
Incluso, tal y como recogía en su momento la sentencia del Tribunal de Apelación de Cagliari, su hijo menor explicaba a la perito italiana como su madre le “obligaba a hacer vídeos” y a decir que él quería vivir en Granada. Este además confesaba: “Mami me lavó el cerebro diciéndome mentiras de papá, que papá me pegaba, que no es verdad”. Conclusión: Estamos ante una trastornada mental de manual que no solo ha calumniado y denunciado falsamente a su exmarido durante años. Además, ha traumado de por vida a sus dos hijos, algo que no parece importarle demasiado a tenor de los últimos acontecimientos en relación con esta historia.
Juana Rivas vuelve a la carga y nuestros políticos con ella
En estos últimos días el caso ha vuelto a ser portada en numerosos medios de comunicación, ya que Juana Rivas, una vez más, se negaba a entregarle a su hijo menor al padre. El niño, que viajó en las vacaciones de Navidad a visitar a su madre y debería de haber regresado a su lugar de residencia el pasado 8 enero, ha estado bajo la tutela de Rivas, de manera ilegal, hasta hace apenas unas horas cuando finalmente ha sido devuelto a su padre, acatando así la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones de Cagliari que en su momento le otorgaba la patria potestad a este último.
Lejos de esta dantesca situación a la que se ha vuelto a ver sometido Francesco Arcuri, fruto de la falta de seguridad jurídica en nuestro país, debemos quedarnos con la forma de actuar de algunos de los políticos que forman parte del gobierno actual, tal y como ya hicieron en 2017 otros, como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que entonces instaba a “ponerse en el lugar de esta madre”. En declaraciones a los medios declaraba:
“Un matrimonio ha tenido que irse a Italia, ha tenido que volver, ella ha sido dos veces agredida, su marido ha sido condenado por los tribunales… A las personas conviene atenderlas, a las personas conviene comprenderlas y luego está todo lo demás”. En estos días Ione Belarra, que ha manifestado abiertamente que “no se entregue al menor”, según ella misma, aplicando la excepción del Convenio de La Haya.
Por su parte, en palabras de Sira Rego, actual ministra de Juventud e Infancia, concluía que “Si el niño no quiere irse, no debe irse”, desestimando por completo la autoridad de la justicia italiana y el largo proceso judicial que determinó en su momento donde y con quien debía de residir el menor, pero sobre todo el porqué de ello. Sin embargo, cuando la ideología prima, de nada sirve la argumentación, los hechos y las pruebas que ponen de manifiesto el peligro que supone Juana Rivas y su entorno para la salud mental del hijo de esta.
Como resultado de todo este despropósito, la granadina vuelve a ser investigada por un delito de sustracción de menores al no facilitar la entrega de su hijo cuando procedía y haberlo tenido retenido, una vez más, durante casi siete meses. A todo esto uno se pregunta que hubiera sucedido si los papeles estuvieron invertidos en esta penosa y delirante batalla legal. No hace falta ser muy avispado para entender que tanto el procedimiento como la resolución de la misma hubiera sido bien distinta en todos y cada uno de los momentos clave de la misma.
No sabemos cuándo Juana Rivas volverá a saltarse la ley. Tampoco si de una vez por todas se aplicarán las medidas necesarias para que esta no tenga la más mínima posibilidad de atentar contra los derechos paternos de su exmarido. Lo que sí ha quedado manifiestamente claro, nuevamente, es que por supuesto no somos iguales ante la ley. De esto somos conscientes todos aquellos que intentamos dilucidar el sucio y oscuro agujero político, social y jurídico en el que por desgracia vivimos.
También vuelve a demostrarse de forma clara y concisa como las ideologías, independientemente del mantra que procesen son, además de un cáncer para la sociedad, un turbio negocio del que se benefician unos pocos a base de medrar en el sufrimiento y desconcierto de los que por desgracia se ven atrapados por sus largos tentáculos.