Han pasado ya cuatro días desde que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña entre 2016 y 2017, y fugitivo de la justicia española desde hace casi 7 años, regresara a España, se paseara tranquilamente por Barcelona y diera un discurso ante cientos de sus acólitos frente el Arco del Triunfo de la capital catalana. Pareciera el guion de una película cualquiera, pero no lo es, porque ni siquiera precisó de una huida al más puro estilo hollywoodense para regresar nuevamente a su actual lugar de residencia, Waterloo.
Quizás toda esta comedia montada y tramitada desde los más altos estamentos catalanes y por supuesto del Estado, es ya lo de menos. Quiero decir, a nadie le importa ya Puigdemont, su causa y la masa de fascistas (se creen superiores que cualquier español medio) que siguen a esta. Lo verdaderamente importante de toda esta pantomima es el nuevo ataque a los pilares del Estado de derecho de nuestra nación como conjunto, volviendo a dejar de manifiesto que la mal llamada Democracia no es más que papel mojado al servicio de unos pocos.
No se entiende como alguien sobre el que pesa una orden de búsqueda y arresto emitida por el Juez Llarena, por desobediencia y malversación de fondos públicos, puede entrar y salir del país con total impunidad. Sin embargo, y mirando el asunto de manera objetiva, es evidente que Puigdemont tenía vía libre para ello, facilitada esta, en primera instancia, por el gobierno de Pedro Sánchez.
Un peldaño más abajo en la cadena de mando está Joan Ignasi Elena, Consejero de Interior de Cataluña, y el Comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ambos al servicio de los intereses políticos de turno y que de manera directa participaron en esta farsa. Y por supuesto, para completar el cartel central que protagoniza este circo mediático tenemos a todos y cada uno de los agentes del cuerpo que en ese momento se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos y no movieron un dedo por detener al amigo Carles.
En conjunto estamos ante un nuevo hito histórico dentro de nuestra maltrecha nación. De esos que hace unos años creíamos imposibles, pero que, con la llegada de Sánchez al poder, se han convertido en el pan nuestro de cada día. Una prueba irrefutable de que ni usted ni yo no somos iguales ante la ley y por ende no tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier miembro de la casta política patria, incluido por supuesto Puigdemont.
¿Se imagina usted intentar imponer sus ideales por la fuerza, a costa de saltarse la ley vigente y posteriormente sus posibles consecuencias? Es más, si todo esto hubiera acontecido en cualquier otra parte de España que no fuera Cataluña, ¿creen de verdad que el bueno de Carles no estaría metido entre rejas desde aquel 1 de octubre de 2017?… No les quepa la menor duda.
Más allá de todo lo acontecido el jueves, en materia policial, judicial y política, hay que empezar a prepararse para lo que viene a partir de ahora. Porque no debemos olvidar que a la misma hora que Puigdemont se lucía ante sus seguidores, un tal Salvador Illa era embestido como presidente de la Generalidad Catalana, con el apoyo de Esquerra Republicana. Por supuesto, previa firma de un cheque en blanco para las aspiraciones independentistas de estos.
Esto pasa inicialmente por la aprobación del «concierto económico en Cataluña», es decir, una financiación en paralelo a las del resto de comunidades (a excepción del País Vasco, que también goza de este privilegio) y que pagaremos el resto de españolitos a base de un saqueo constante en forma de nuevos impuestos. Pero esto es solo una parte de las exigencias, ya que más adelante se pondrá sobre la mesa, nuevamente, el asunto de referéndum de autodeterminación.
Ya saben lo que pasará entonces, ¿no? Si aún no atisban el resultado de lo que está por venir, pueden echar la vista atrás y analizar lo acontecido en el último año. Justo desde el momento en el que Sánchez convoca elecciones y durante la duración de la campaña electoral de las mismas repite por activa y por pasiva que «no habrá amnistía posible» para los condenados por el 1-O de 2017, aunque finalmente, a falta de 7 escaños para poder alcanzar la mayoría en el Congreso, decidiera «cambiar de opinión», para lograr el apoyo de Junts.
En unos meses volverá a hacerlo, lo de cambiar de opinión, digo, cuando sus socios independentistas lo amenacen directamente desde el atril del Congreso, con que le van a retirar su apoyo y por ende le tocará dejar de habitar la Moncloa. Y a estas alturas ya deberíamos de saber que para Sánchez, un adicto al poder de instintos maquiavélicos, solo prevalece una cosa por encima de cualquier otra, incluso la del interés general de la ciudadanía, los suyos personales.
Por ende pasará por el aro de todo aquello que le propongan o impongan (no sabemos si lo acepta o no de buen gusto) poniendo entredicho, una vez más, la viabilidad del Estado español como nación y el modelo político y social que impera en la actualidad.
Quizás algún día lo veamos de vecino de Puigdemont en Waterloo, en busca y captura por alta traición a su país, comentándole de manera distendida al de “pelo frondoso”, que él no mintió, solo cambió de opinión cuando, tras jurar la Constitución como presidente en dos ocasiones, terminara pasándose esta por el forro de los cojones, y posteriormente a los ciudadanos a los que representaba, en especial a todos aquellos que con su voto depositaron su confianza en él, y sus actos, de manera negligente.
Foto: Europa Press