La tarde del pasado jueves fallecía Noelia Castillo tras aplicársele la eutanasia que ella misma llevaba varios años reclamando vía judicial. Una historia que en los últimos días se ha convertido en centro de atención de buena parte de la sociedad y medios de comunicación y que además nos ha servido para evidenciar de manera clara el estado fallido en el que nos hayamos. Un país sin soluciones eficientes y reales ante un escenario vital de tanta relevancia en el que una persona de solo 25 años de edad ha preferido morir a dejarse ayudar.
Es por ello que uno se pregunta si en algún momento recibió toda la atención y el apoyo necesarios, por parte de aquellos profesionales de la salud encargados de mediar en este tipo de situaciones con la intención de haberla hecho cambiar de opinión. Probablemente nos quedaremos con la duda para siempre, como en otras tantas ocasiones en las que suceden cosas inexplicables en nuestra españita querida.
El desamparo institucional que sufrió Noelia Castillo
En cualquier caso, lejos de querer hacer juicios de valor sobre la decisión tomada por Noelia, solo ella conocía y vivía su situación personal de manera directa, lo cierto es que nadie debería de tener la potestad de obligar a otro semejante a vivir. Por supuesto tampoco debería de suceder lo mismo en el otro extremo de la cuerda, aunque haya algunos que se merezcan estar bajo tierra hace bastante tiempo.
Dicho esto la vida debe de ser un derecho, no una obligación. Ningún ser humano merece vivir sin un mínimo de dignidad. Es por ello que en casos muy concretos, por ejemplo los enfermos terminales de según qué enfermedades, deben de tener la posibilidad de una muerte digna si así lo determinan ellos mismos y aquellos que están facultados para dar su opinión y un juicio objetivo llegado el caso.
Para eso se aprobó en nuestro país, supestamente, la controvertida ley de la eutanasia. O esa era al menos la finalidad de la misma en primera instancia. Sin embargo el caso de Noelia Castillo es la más clara y angustiosa prueba de que el estado en el que nos ha tocado vivir, no funciona. Entre otras cosas porque en situaciones tan extremas como la acaecida, deben de existir las herramientas necesarias para que una persona que adolece de las patologías que sufría Noelia no termine solicitando la eutanasia como último recurso para solventar sus problemas de salud, ya sean físicos o mentales.
Visto desde otra perspectiva: cerca de 4.000 personas se suicidan anualmente en España, según las últimas estadísticas oficiales, fruto de verse abocados a situaciones límite que las llevan a tomar la drástica decisión de quitarse la vida. Tras la eutanasia de Noelia es lícito pensar que cualquiera de estas personas que decidieron acabar con su existencia, deberían tener el mismo derecho a ser eutanasiados… ¿o no? Porque claro ¿dónde está el límite entonces?
Si alguien que padecen una serie de trastornos psicológicos recibe el visto bueno de la justicia para recibir un pinchazo letal que acabe con su padecimiento, todos esos que sufriendo un cuadro clínico similar decidieron en algun momento quitarse de en medio de una manera traumática deberían de haber tenido, como mínimo, el mismo derecho legal… ¿Verdad?… ¿No dice la constitución que somos iguales ante la ley?… ¿Que tenemos los mismo derechos y deberes?…Un carajo como los cuernos de un miura.
En cierto modo el Estado se ha convertido en el principal culpable del abandono y desidia de Noelia Castillo, para finalmente ser además su verdugo. Primeramente por permitir que fuera agredida sexualmente en un centro de menores tutelado. Posteriormente por no poner las medidas cautelares necesarias para que no terminara arrojándose desde un quinto piso intentando quitarse la vida y terminando con una lesión medular irreversible. Por último, y como colofón a esta cadena de despreciables e inquietantes acontecimientos, por prestarse a convertirse en el brazo ejecutor de su eutanasia. Un desproposito en toda regla si uno analiza los hechos con sentido común y de una manera mínimamente objetiva.
Un “suicidio asistido” por ley
Noelia Castillo tenía todo el derecho a abandonar este mundo. Muchas son las personas que tienen la misma perspectiva vital para desgracia de ellas y sus seres queridos. Esto no es una cuestión de juzgar a la víctima de esta tropelía estatal puramente politizada; a lo que no tenía derecho Noelia, ni absolutamente nadie que se encuentre en estos momentos en una situación similar a la suya, es precisamente a que el Estado sea en última instancia quien haya apuntalado legalmente este dispendio distópico que no hay por dónde cogerlo.
Pero esta situación no debe de extrañarnos a estas alturas de la película, teniendo en cuenta el escenario social y ético en el que nos movemos. Básicamente porque hemos llegado a un nivel de sinsentido tal, fruto de la ceguera colectiva que padecemos, que aceptamos que una persona de apenas 25 años de edad, en plenas facultades psicológicas y una autonomía física limitada, baje los brazos y decida rendirse fruto del dolor que la atenaza.
En definitiva, es tal nuestra insensibilidad y paranoia, que hemos normalizado la inmoralidad que supone la consumación de un hecho de tal magnitud como consecuencia del desamparo institucional al que se ha visto sometida Noelia Castillo en diferentes momentos de su vida. Y para colmo que sea el mismo estado quien la ayude a desaparecer para siempre. Es curioso que esto que algunos se empeñan en llamar “el faro de luz del mundo” (la vieja y prostituida Europa) se haya convertido en un lugar oscuro y tenebroso donde la vida ha pasado a un segundo plano.
Porque que nadie se engañe; Noelia Castillo no ha sido más que números para nuestros políticos. Sumas y restas de intereses propios y ajenos de todos aquellos que han secundado esta muerte en tiempo real. Amparados por aquellos dogmas que, cada día más, ponen de manifiesto el nivel de putrefacción estatal al que está sometida buena parte de esta sociedad. La misma que se muestra anestesiada e indiferente ante esta “nueva normalidad progresista” y que, para desgracia colectiva, hace ya demasiado tiempo que perdió el norte.
Es un fracaso del sistema y abandono ,yo la vi después como andaba,creo que no tuvo tratamiento psiquiátrico que es lo que tenía que haber tenido desde el minuto uno,la eutanasia para los violadores ,por desgracia al tirar la toalla hay que respetar su decisión, una soledad por parte de familia e instituciones total.