Cada semana, como si de una serie de Netflix se tratara, nuestro gobierno nos deja una retahíla de noticias típicas de la ideología que procesan, o al menos, esa que hacen creer a sus acólitos que es con la que comulgan. En esta ocasión ha sido María Jesús Montero, nuestra vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, (mira si trabaja la pobre mujer) la que ha vuelto a poner de manifiesto esa animadversión que sienten por la separación de poderes y todo aquello que esté relacionado con los verdaderos valores que conforman la justicia.
Por supuesto, este tipo de discurso, en contra de aquellas decisiones judiciales que no van en la dirección que ellos estiman adecuada, saben a la perfección cuando deben de sacarlo a pasear, en busca del rédito político correspondiente, aunque posteriormente deban de pedir disculpas públicas como finalmente ha hecho nuestra querida ministra. En cualquier caso, una vez más, dejan entrever esas deficiencias democráticas que atribuyen, por lo general, al que suelen tener en frente ideológicamente hablando, dando habida cuenta de la república bananera en la que andamos instaurados.
No seré yo quien se dedique a valorar las decisiones judiciales de este país, ya sea en relación con el conocido caso Alves, el mismo que hizo poner de manifiesto el desprecio manifiesto a la citada separación de poderes por parte de Montero y buena parte de su grupo parlamentario, o cualquier otro de índole similar y totalmente distinto a este.
El resumen a toda esta historia es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha absuelto al conocido futbolista de todos los cargos que se le imputaban por un delito de agresión sexual que, a la postre, lo habían llevado a ser condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Cada cual que saque sus conclusiones del porqué de esta decisión en última instancia del TSJC, aunque como queda claro en la propia sentencia tanto los indicios, pruebas como la declaración de la acusación “incurre en contradicciones y presenta vacíos, imprecisiones e inconsistencias sobre los hechos.”
Sin embargo, a María Jesús, se la trae al pairo (siempre y cuando este no sea alguien de los suyos) las contradicciones, vacíos e inconsistencia en el discurso de cualquier señorita que decida personarse en un juzgado de guardia y denunciar al fulano de turno por agresión sexual o de cualquier otro tipo. Gracias a estas conductas, en la actualidad, las denuncias por agresiones físicas de un hombre a una mujer crecen de manera exponencial, aunque gran parte de ellas sean totalmente falsas.
Solo tenemos que echar un ojo a algunas de las perlas que soltó durante, y posteriormente, a su discurso para entender que estamos cruzando líneas muy peligrosas en favor de mantener a toda costa los argumentos ideológicos sobre los que se cimenta ese chiringuito mediático llamado feminismo: “Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos.”
Días después, supuestamente pidiendo disculpas por sus acaloradas declaraciones iniciales, dejaba claro que: “Así que creo que el debate es muy importante, porque la Justicia en este país había dado pasos, yo creo que decisivos, en el avance de las mujeres y, por tanto, también de la defensa de las mujeres, y creo, sinceramente, que esta sentencia es un retroceso respecto a esos avances, y creo que se tiene que generar el debate social que permita ver cómo y de qué manera somos capaces de no revictimizarlas cuando hacen su declaración en los juzgados para no provocarles un doble sufrimiento.”
Lo que parece no conocer aún nuestra “querida Mari chus” es que el sistema judicial español se basa en modelo garantista donde “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”, según se detalla en el artículo 117 de nuestra constitución. Esto es algo que, a todas luces, les incomoda de manera fehaciente, tal y como demuestran reiteradamente tanto en sus declaraciones como en las distintas decisiones políticas que acometen cuando están al mando.
Tal y como reza en artículo 127, “Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales” ¿Desde cuándo el poder ejecutivo cumple esta norma si ni siquiera se esconden para repartirse el Tribunal Constitucional con jueces a los que se les otorga el cargo bajo la etiqueta de conservadores o progresistas?
Si alguien le queda alguna duda sobre este tema que le pregunten a nuestro presidente del gobierno quien maneja la fiscalía general de nuestro país, órgano en el que su máximo exponente, Álvaro Ortiz (fiscal general del Estado), está actualmente imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Sin embargo, en contra de cualquier argumento lógico, sigue enrocado al cargo, dando lugar a una situación nunca antes vivida en los 47 años que llevamos de Constitución.
Todo lo descrito anteriormente es solo la punta del iceberg de un estado fallido que ya no puede ni tan siquiera sustentarse en lo que precisamente debería de hacerlo: El Estado de derecho. Porque cuando alguien de la relevancia de un ministro no se esconde en cuestionar las decisiones judiciales únicamente porque van en contra de su ideología política, solo podemos sentarnos a esperar a que nuestro ordenamiento jurídico termine derrumbándose como un inconsistente castillo de naipes.
En conclusión, no sabremos, probablemente nunca, si Dani Alves intentó forzar o no la supuesta víctima que finalmente terminó denunciándolo. Lo que sí deberíamos de tener claro es que existen verdugos, en forma de políticos, que se creen por encima del bien y del mal para sentenciar a quien a ellos les venga en gana según sus propios intereses. De ahí las “María Jesús e Irenes Montero”, que igual demonizan una sentencia judicial que se sacan de la manga, o te redactan, una ley que termina poniéndoseles en contra a esas víctimas que supuestamente debería de proteger.